23 Feb La situación de los derechos sexuales y reproductivos en Paraguay: un análisis para el 4° ciclo del Examen Periódico Universal (EPU)

Este informe ofrece un análisis sobre temáticas relacionadas a la situación de los derechos sexuales y derechos reproductivos en Paraguay, como contribución al 4° ciclo del Examen Periódico Universal (EPU). Contiene datos de origen oficial, informaciones periodísticas disponibles en medios de comunicación. Para cada subtema, se presentan recomendaciones para fortalecer la garantía de estos derechos. El informe fue presentado por Base Educativa y Comunitaria de Apoyo (Beca), Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia (Cdia) y Akãhatã, en octubre de 2025.

Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

El Estado Paraguayo no ha podido responder de manera eficaz para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, muestra de ello son los indicadores que colocan a Paraguay  en el primer lugar en mortalidad materna y embarazo adolescentes en el Cono Sur¹. Los datos señalan que, 4 de cada 10 muertes maternas ocurren por un retraso en la respuesta de los servicios de salud según versa en el portal  del Fondo de las Población de las Naciones Unidas².

Ha  habido un avance en cuanto a la una reducción de embarazos en jóvenes de 18 y 19 años; sin embargo, los registros permanecen sin variaciones en lo que respecta a menores de 14 años, muchos de ellos considerados como consecuencia de abuso sexual.³

El apartado del  Derecho a la salud, del informe anual de Derechos  Humanos 2024, pone especial énfasis en los retrocesos en materia de salud pública, haciendo referencia que en el 2023, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social registró 10.743 nacimientos de madres adolescentes de entre 15 y 19 años, de las cuales 563 fueron indígenas, 406 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años, de las cuales 85 fueron indígenas⁴

El acceso a la salud sexual y reproductiva es aún más deficiente para las mujeres indígenas, pues Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2024 · 2030 revela en su análisis que, en lo que respecta a insumos de anticoncepción esta población registra el mayor porcentaje de necesidad insatisfecha del país (20%), señalando a su vez que las muertes maternas  de mujeres indígenas constituyen el 15.5% del total de las muertes maternas (2018 a 2023) con tendencia al aumento⁵

Como avance es posible mencionar  la promulgación  de Ley Nº 6993 del 2022   de Provisión gratuita de productos de gestión menstrual⁶, si bien la debilidad en la implementación persiste por razones presupuestarias. 

Recomendaciones

El Estado debería:

• Implementar políticas públicas para un programa de salud sexual, reproductiva y materno-perinatal en todo el territorio nacional, con presupuesto asignado y recursos humanos adecuados para garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes el goce de su derecho a la salud.

• Garantizar el acceso a métodos y a servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres indígenas, así como a las adolescentes y mujeres en su diversidad. 
• Adoptar medidas preventivas de los casos de abuso sexual, como la Educación Integral de la Sexualidad, teniendo en cuenta el Artículo 6 de la ley 6202/1859.

Educación Integral de la Sexualidad

El Ministro de Educación y Ciencias confirmó que en 2026 se entregarán materiales de “la afectividad y la sexualidad” a todos los estudiantes de escuelas públicas⁷. Desde 2023 el Ministerio de Educación y Ciencias instaló una propuesta de programa de educación sexual, que primeramente se llamó 12 Ciencias y fue aprobada por resolución 933/23. Actualmente se llama “Educación para la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela”.

Esta propuesta fue diseñada por organizaciones religiosas con el apoyo del ministerio⁸. VERUS, la editorial encargada, menciona que el programa está libre de “ideología de género”⁹. Sus contenidos no tienen un enfoque de derechos humanos ni información científica, sino que en ellos se refuerzan valores religiosos cristianos, como la obediencia¹⁰. 

Estos materiales ya se aplicaron en 50 centros educativos de 5 departamentos y de la capital¹¹, los materiales utilizados del prescolar al tercer grado fueron aprobados través de la resoluciones ministeriales 1782/24 y 1580/24¹² Sin embargo, el Ministerio continúa negándose a compartir públicamente los materiales con la justificación de que la Editorial VERUS es dueña de los derechos de los materiales y que el ministerio no cuenta con ejemplares para compartir o distribuir¹³.

Además de este material, otra barrera existente para aplicar una EIS con enfoque de derechos humanos es la resolución 29.664/17, “por la cual se prohíbe la difusión y la utilización de materiales impresos como digitales, referentes a la teoría y/o ideología de género, en instituciones educativas dependientes del ministerio de educación y ciencias”¹⁴. El Comité de la CEDAW recomendó la derogación de esta resolución en 2017¹⁵.

El Comité de los Derechos del Niño recomendó al estado paraguayo derogar la resolución 933/23 y que “se dote de una política amplia de salud sexual y reproductiva para los adolescentes y vele por que la educación sobre género y salud sexual y reproductiva forme parte del plan de estudios escolar obligatorio”¹⁶. Sin embargo, no solo no se derogó la resolución, sino que se avanzó con la construcción de políticas públicas que vulneran el derecho a recibir una educación sexual con enfoque de derechos humanos.

Recomendaciones  

El estado paraguayo debería: 

• Derogar las resoluciones Nº 933/23, 29664/17 y 1782/24 del Ministerio de Educación y Ciencias.
• Implementar una política de educación integral de la sexualidad, con perspectiva de género, de derechos, laica y basada en evidencia científica.

Violencia Sexual

En 2024, el Ministerio Público registró 3.521 víctimas de abuso sexual¹⁷. Solo en los primeros 5 meses de 2025, registró 1.305 denuncias. Cada día se registran entre 8 a 9 denuncias en promedio. El 87 % de los agresores fueron un familiar o conocido, siendo la franja etaria de 10 a 13 años la de mayor frecuencia de denuncias (37,1%)¹⁸.

Otras formas de violencia sexual también son denunciadas. En el mismo periodo de 2025, se registraron 171 hechos sobre coacción sexual hacia niñas, niños y adolescentes, 315 casos de estupro, 1.187 casos indagados sobre pornografía relativa a niños. 

De un total de 5.841 causas judiciales por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes registrados en los juzgados de Garantías del país entre 2020 y el primer cuatrimestre de 2025, solo se dictaron 1.481 condenas firmes¹⁹, lo que evidencia que aún es necesario reforzar las políticas públicas de acceso a la justicia.

Otro dato alarmante es la cantidad de embarazos de niñas de entre 10 a 14 años registrados. En 2024, el Ministerio de Salud contabilizó 350 niñas obligadas a parir²⁰.

Además, a pesar de que hoy se cuenta con un programa de atención integral a víctimas de abuso sexual, que entre 2023 y 2024, registró 1.420 niñas y niños atendidos²¹, aún falta atención garantizada a todas las víctimas.

En 2024, el Comité de los Derechos del Niño instó al estado paraguayo que “amplíe, a partir de una evaluación, el plan nacional para erradicar la violencia contra los niños y el alcance de la estrategia para prevenir y combatir los malos tratos y la violencia sexual a fin de darles un carácter integral”²². Así también, recomendó que el estado garantice que “se proporcionen recursos jurídicos, tratamiento y apoyo adecuados a las víctimas y que los autores sean procesados y debidamente sancionados, y se les impida tener contacto con niños”. No obstante, existen aún limitaciones para dar cumplimiento a estas recomendaciones, principalmente con el trabajo interinstitucional entre entes del estado.

Recomendaciones

El estado paraguayo debería:

• Garantizar una atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Esto incluye medidas de no revictimización, una atención psicosocial y médica, y el acompañamiento integral comunitario para evitar que el ciclo de violencia continúe.
• Fortalecer el Programa de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

VIH/ SIDA 

El informe epidemiológico del 2024, reportó 1.488 nuevos diagnósticos de infección por VIH en Paraguay, 644 personas (43%) fueron clasificadas en etapa Sida. Al cierre de año, se estima que 19.631 personas con diagnóstico de VIH se encontraban vivas, de las cuales 13.298 (67,7%) estaban en tratamiento antirretroviral (TAR) activo²³.

Los datos presentados en el informe antes mencionado alude la alta proporción de diagnóstico tardío a fallas en las estrategias de testeo, persistencia del estigma, y barreras estructurales que impiden el acceso oportuno a los servicios de salud, y esto a su vez repercute mayores riesgos de morbimortalidad, así como un mayor costo para el sistema sanitario, tasa de mortalidad general por VIH en Paraguay fue del 3,8%, con un total de 1.488 casos diagnosticados y 293 fallecimientos registrados²⁴.

La evidencia habla de que en las mujeres el diagnóstico se da principalmente durante el embarazo, por lo que representa una oportunidad crítica para la prevención de la transmisión materno infantil de VIH; el 45,8% de las mujeres embarazadas con VIH fueron diagnosticadas durante la gestación, mientras que el 46% correspondían a PVV previamente conocidas y el 7,7% fueron identificadas en el momento del parto o en el puerperio.

Es posible señalar que los datos reflejan una debilidad en materia de prevención y detección temprana, por lo que se necesita una mayor llegada con información oportuna para la población en general.

Recomendaciones

El Estado debería:

• Fortalecer los servicios de promoción  del Programa Nacional de Control del VIH/Sida e ITS.
• Garantizar una política de educación integral de la sexualidad como medida de prevención y reducción de estigma hacia las personas PVV. 

Derecho al aborto

En Paraguay, la interrupción del embarazo se encuentra penalizada, a excepción de casos de peligro de vida para la mujer. Esto limita el acceso a la salud sexual y reproductiva.

En 2024, el Ministerio de Salud Pública registró 4.691 abortos, 580 de estos casos, el 12%, en niñas y adolescentes. Hasta junio de 2025, 19 mujeres fallecieron a causa del aborto²⁵. Con la legislación actual, las mujeres se ven obligadas a acceder a la interrupción de forma clandestina, en situaciones insalubres y fuera del sistema público. Quienes más sufren de esta vulneración son las mujeres y niñas con menos recursos para acceder al sistema privado. En el anterior Informe Periódico Universal en 2021, los países Chequia, Francia, México y Eslovenia recomendaron la despenalización del aborto.

El Estado Paraguayo rechazó todas las recomendaciones sobre aborto, argumentando que el aborto es inconstitucional. Sin embargo, esta postura desconoce los estándares internacionales de derechos humanos que establecen que la penalización absoluta del aborto constituye una forma de violencia y discriminación de género, además de una violación al derecho a la salud, a la vida y a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Al no adecuar su legislación, el Estado incumple su obligación de garantizar el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, particularmente para las niñas víctimas de abuso sexual, quienes son forzadas a continuar embarazos impuestos que ponen en riesgo su vida, salud física y mental, y proyecto de vida.

Recomendaciones

El Estado debería:

• Despenalizar el aborto en todas sus causales.
• Garantizar al acceso a la salud sexual y reproductiva a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en situaciones de embarazo, incluyendo el acceso a su interrupción.