17 Ago A 10 años del Consenso de Montevideo, Paraguay aún nos debe la garantía de nuestros derechos sexuales y derechos reproductivos

El pasado 15 de agosto se cumplieron 10 años desde que Paraguay y otros 37 países se comprometieron a trabajar en políticas públicas en materia de población y desarrollo, especialmente en lo que refiere a garantizar los derechos sexuales y derechos reproductivos (DDSS y DDRR), como el acceso a una Educación Integral de la Sexualidad y a métodos anticonceptivos, o la disminución de la muerte materna. Si bien hubo pequeños avances, hoy el país está lejos de garantizar el ejercicio pleno de los DDSS y DDRR.

¿Qué es el Consenso de Montevideo?

El Consenso de Montevideo es el acuerdo intergubernamental más importante de América Latina y el Caribe en materia de población y desarrollo. Este acuerdo fue firmado en la primera Conferencia Regional de Población y Desarrollo que se realizó en Uruguay en 2013.

El Consenso es el documento más progresista e integral porque incorpora elementos para la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos en temáticas como la salud sexual y reproductiva, el envejecimiento, la migración y poblaciones claves como los pueblos indígenas y afrodescendientes¹. 

Entre los compromisos también se encuentra implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género e interculturalidad, herramientas que hoy se encuentran en riesgo debido al ataque a través de campañas de desinformación llevadas por grupos antiderechos.

Si bien este acuerdo no está ratificado por ley, sí es un instrumento fundamental para las acciones de exigibilidad en cuanto a los DDSS y DDRR porque cada estado se comprometió autónomamente a cumplir con las recomendaciones de este documento,  , y que para abordarlos se requiere fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales, regionales y subregionales y establecer acuerdos entre países, así como enfoques innovadores que incluyen la iniciativa privada².

Los derechos sexuales y derechos reproductivos en Paraguay y sus cifras

Entre las medidas prioritarias que se tomaron en el Consenso de Montevideo se encuentra la medida B que corresponde a los “Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas,  adolescentes y jóvenes”. En este apartado, en su punto 7, se acuerda:

“Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social;”

Con respecto a esto, hoy Paraguay enfrenta varios desafíos, entre ellos la erradicación de la pobreza y la violencia. Los últimos datos demuestran que: 

• El 34,6 % (850.597) de las niñas, niños y adolescentes viven en la pobreza total y 8,5 % (209.688) viven en la pobreza extrema, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (2022)³.
• De enero a marzo de 2023, el Ministerio Público recibió 374 denuncias de maltrato infantil bajo tutela. En 2022, fueron 1.452 denuncias y en 2021, 1.326 casos. En promedio se reciben entre 3 y 4 denuncias todos los días.
• En cuanto a la violencia sexual, en 2022 se incrementaron entre 10 a 13 denuncias por día, en total fueron 3.804. En el primer semestre de 2023 recibieron 1.708 casos de abuso sexual. Y en 2021 fueron un total de 2.847⁴.
• La resolución 29.664/2017⁵ del Ministerio de Educación y Ciencias que “prohíbe la difusión y la utilización de materiales impresos como digitales, referentes a la teoría y/o ideología de género” también es un obstáculo para el acceso a una educación sin discriminación.

En el punto 14 de la medida B se menciona:

“Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos”.

• Actualmente, el embarazo adolescente constituye un problema social y económico importante para el Paraguay⁶ y el aborto se encuentra penalizado por la ley 3440⁷ a excepción de casos donde corre peligro la vida de la mujer. 
• Cada día, dos niñas de 10 a 14 años tienen hijos y cada una hora, dos adolescentes de 15 a 19 años dan a luz⁸. En 2020, del total de niñas de 10 a 14 años que dieron a luz, el 15,6 % correspondió a niñas indígenas⁹.
• En Paraguay, el embarazo adolescente genera pérdidas anuales de más de 703 mil millones de guaraníes (alrededor de 125 millones de dólares) en la actividad productiva de las mujeres y de 64 mil millones de guaraníes (alrededor de 11,5 millones de dólares) para el Estado¹⁰.
• Paraguay aún no cuenta con una política pública de Educación Integral de la Sexualidad.

En el punto 33 de la medida D que refiere al “Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva”, mencionan que se debe:

“Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia;”

• Si bien se cuentan con espacios de salud sexual y reproductiva en los centros de salud pública donde se accede a una consejería y a métodos anticonceptivos, las campañas de información sobre estos espacios son insuficientes para dar a conocer este derecho. Además, los servicios exclusivamente para adolescentes aún se encuentran centralizados alrededor de la capital.
• Se niega el acceso a la ligadura de trompas por prejuicios¹¹.
• El Ministerio de Salud cuenta con la Resolución Nº 695/16 que dispone la utilización del nombre social de las personas trans en las instituciones de salud. Sin embargo, las personas trans aún cuentan con barreras culturales y de información para acceder a los servicios de salud sin discriminaciones.
• Aunque existe un proyecto de ley contra toda forma de discriminación, esta nunca fue aprobada.

En mayo de 2022 realizamos un encuentro con diversas organizaciones de la sociedad civil para analizar el cumplimiento del Consenso de Montevideo, en ella también se mencionan otros derechos que siguen sin ser garantizados. Para acceder al resumen, clic aquí.

Paraguay enfrenta una avanzada de sectores fundamentalistas religiosos y antiderechos que han llegado con representaciones hasta el poder gubernamental. Desde sus cargos han atentado contra la garantía de estos derechos en reiteradas ocasiones. Actualmente buscan eliminar la perspectiva de género en la educación y todas las políticas públicas, así como la penalización de quienes trabajen con esta herramienta.

Debido a estos intentos de retroceso y a los objetivos que aún no fueron logrados, el Consenso de Montevideo se posiciona como un instrumento necesario y urgente para hacer frente a quienes atentan contra los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas del colectivo LGBTQ.