Acceso a servicios de salud sexual y reproductiva

El Estado Paraguayo no ha podido responder de manera eficaz para garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, muestra de ello son los indicadores que colocan a Paraguay  en el primer lugar en mortalidad materna y embarazo adolescentes en el Cono Sur¹. Los datos señalan que, 4 de cada 10 muertes maternas ocurren por un retraso en la respuesta de los servicios de salud según versa en el portal  del Fondo de las Población de las Naciones Unidas².

Ha  habido un avance en cuanto a la una reducción de embarazos en jóvenes de 18 y 19 años; sin embargo, los registros permanecen sin variaciones en lo que respecta a menores de 14 años, muchos de ellos considerados como consecuencia de abuso sexual.³

El apartado del  Derecho a la salud, del informe anual de Derechos  Humanos 2024, pone especial énfasis en los retrocesos en materia de salud pública, haciendo referencia que en el 2023, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social registró 10.743 nacimientos de madres adolescentes de entre 15 y 19 años, de las cuales 563 fueron indígenas, 406 nacimientos de niñas de entre 10 y 14 años, de las cuales 85 fueron indígenas⁴

El acceso a la salud sexual y reproductiva es aún más deficiente para las mujeres indígenas, pues Plan Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva 2024 · 2030 revela en su análisis que, en lo que respecta a insumos de anticoncepción esta población registra el mayor porcentaje de necesidad insatisfecha del país (20%), señalando a su vez que las muertes maternas  de mujeres indígenas constituyen el 15.5% del total de las muertes maternas (2018 a 2023) con tendencia al aumento⁵

Como avance es posible mencionar  la promulgación  de Ley Nº 6993 del 2022   de Provisión gratuita de productos de gestión menstrual⁶, si bien la debilidad en la implementación persiste por razones presupuestarias. 

Recomendaciones

El Estado debería:

• Implementar políticas públicas para un programa de salud sexual, reproductiva y materno-perinatal en todo el territorio nacional, con presupuesto asignado y recursos humanos adecuados para garantizar a las mujeres, niñas y adolescentes el goce de su derecho a la salud.

• Garantizar el acceso a métodos y a servicios de salud sexual y reproductiva a las mujeres indígenas, así como a las adolescentes y mujeres en su diversidad. 
• Adoptar medidas preventivas de los casos de abuso sexual, como la Educación Integral de la Sexualidad, teniendo en cuenta el Artículo 6 de la ley 6202/1859.

Educación Integral de la Sexualidad

El Ministro de Educación y Ciencias confirmó que en 2026 se entregarán materiales de “la afectividad y la sexualidad” a todos los estudiantes de escuelas públicas⁷. Desde 2023 el Ministerio de Educación y Ciencias instaló una propuesta de programa de educación sexual, que primeramente se llamó 12 Ciencias y fue aprobada por resolución 933/23. Actualmente se llama “Educación para la Afectividad y la Sexualidad en la Escuela”.

Esta propuesta fue diseñada por organizaciones religiosas con el apoyo del ministerio⁸. VERUS, la editorial encargada, menciona que el programa está libre de “ideología de género”⁹. Sus contenidos no tienen un enfoque de derechos humanos ni información científica, sino que en ellos se refuerzan valores religiosos cristianos, como la obediencia¹⁰. 

Estos materiales ya se aplicaron en 50 centros educativos de 5 departamentos y de la capital¹¹, los materiales utilizados del prescolar al tercer grado fueron aprobados través de la resoluciones ministeriales 1782/24 y 1580/24¹² Sin embargo, el Ministerio continúa negándose a compartir públicamente los materiales con la justificación de que la Editorial VERUS es dueña de los derechos de los materiales y que el ministerio no cuenta con ejemplares para compartir o distribuir¹³.

Además de este material, otra barrera existente para aplicar una EIS con enfoque de derechos humanos es la resolución 29.664/17, “por la cual se prohíbe la difusión y la utilización de materiales impresos como digitales, referentes a la teoría y/o ideología de género, en instituciones educativas dependientes del ministerio de educación y ciencias”¹⁴. El Comité de la CEDAW recomendó la derogación de esta resolución en 2017¹⁵.

El Comité de los Derechos del Niño recomendó al estado paraguayo derogar la resolución 933/23 y que “se dote de una política amplia de salud sexual y reproductiva para los adolescentes y vele por que la educación sobre género y salud sexual y reproductiva forme parte del plan de estudios escolar obligatorio”¹⁶. Sin embargo, no solo no se derogó la resolución, sino que se avanzó con la construcción de políticas públicas que vulneran el derecho a recibir una educación sexual con enfoque de derechos humanos.

Recomendaciones  

El estado paraguayo debería: 

• Derogar las resoluciones Nº 933/23, 29664/17 y 1782/24 del Ministerio de Educación y Ciencias.
• Implementar una política de educación integral de la sexualidad, con perspectiva de género, de derechos, laica y basada en evidencia científica.

Violencia Sexual

En 2024, el Ministerio Público registró 3.521 víctimas de abuso sexual¹⁷. Solo en los primeros 5 meses de 2025, registró 1.305 denuncias. Cada día se registran entre 8 a 9 denuncias en promedio. El 87 % de los agresores fueron un familiar o conocido, siendo la franja etaria de 10 a 13 años la de mayor frecuencia de denuncias (37,1%)¹⁸.

Otras formas de violencia sexual también son denunciadas. En el mismo periodo de 2025, se registraron 171 hechos sobre coacción sexual hacia niñas, niños y adolescentes, 315 casos de estupro, 1.187 casos indagados sobre pornografía relativa a niños. 

De un total de 5.841 causas judiciales por abuso sexual en niños, niñas y adolescentes registrados en los juzgados de Garantías del país entre 2020 y el primer cuatrimestre de 2025, solo se dictaron 1.481 condenas firmes¹⁹, lo que evidencia que aún es necesario reforzar las políticas públicas de acceso a la justicia.

Otro dato alarmante es la cantidad de embarazos de niñas de entre 10 a 14 años registrados. En 2024, el Ministerio de Salud contabilizó 350 niñas obligadas a parir²⁰.

Además, a pesar de que hoy se cuenta con un programa de atención integral a víctimas de abuso sexual, que entre 2023 y 2024, registró 1.420 niñas y niños atendidos²¹, aún falta atención garantizada a todas las víctimas.

En 2024, el Comité de los Derechos del Niño instó al estado paraguayo que “amplíe, a partir de una evaluación, el plan nacional para erradicar la violencia contra los niños y el alcance de la estrategia para prevenir y combatir los malos tratos y la violencia sexual a fin de darles un carácter integral”²². Así también, recomendó que el estado garantice que “se proporcionen recursos jurídicos, tratamiento y apoyo adecuados a las víctimas y que los autores sean procesados y debidamente sancionados, y se les impida tener contacto con niños”. No obstante, existen aún limitaciones para dar cumplimiento a estas recomendaciones, principalmente con el trabajo interinstitucional entre entes del estado.

Recomendaciones

El estado paraguayo debería:

• Garantizar una atención integral a niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual. Esto incluye medidas de no revictimización, una atención psicosocial y médica, y el acompañamiento integral comunitario para evitar que el ciclo de violencia continúe.
• Fortalecer el Programa de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

VIH/ SIDA 

El informe epidemiológico del 2024, reportó 1.488 nuevos diagnósticos de infección por VIH en Paraguay, 644 personas (43%) fueron clasificadas en etapa Sida. Al cierre de año, se estima que 19.631 personas con diagnóstico de VIH se encontraban vivas, de las cuales 13.298 (67,7%) estaban en tratamiento antirretroviral (TAR) activo²³.

Los datos presentados en el informe antes mencionado alude la alta proporción de diagnóstico tardío a fallas en las estrategias de testeo, persistencia del estigma, y barreras estructurales que impiden el acceso oportuno a los servicios de salud, y esto a su vez repercute mayores riesgos de morbimortalidad, así como un mayor costo para el sistema sanitario, tasa de mortalidad general por VIH en Paraguay fue del 3,8%, con un total de 1.488 casos diagnosticados y 293 fallecimientos registrados²⁴.

La evidencia habla de que en las mujeres el diagnóstico se da principalmente durante el embarazo, por lo que representa una oportunidad crítica para la prevención de la transmisión materno infantil de VIH; el 45,8% de las mujeres embarazadas con VIH fueron diagnosticadas durante la gestación, mientras que el 46% correspondían a PVV previamente conocidas y el 7,7% fueron identificadas en el momento del parto o en el puerperio.

Es posible señalar que los datos reflejan una debilidad en materia de prevención y detección temprana, por lo que se necesita una mayor llegada con información oportuna para la población en general.

Recomendaciones

El Estado debería:

• Fortalecer los servicios de promoción  del Programa Nacional de Control del VIH/Sida e ITS.
• Garantizar una política de educación integral de la sexualidad como medida de prevención y reducción de estigma hacia las personas PVV. 

Derecho al aborto

En Paraguay, la interrupción del embarazo se encuentra penalizada, a excepción de casos de peligro de vida para la mujer. Esto limita el acceso a la salud sexual y reproductiva.

En 2024, el Ministerio de Salud Pública registró 4.691 abortos, 580 de estos casos, el 12%, en niñas y adolescentes. Hasta junio de 2025, 19 mujeres fallecieron a causa del aborto²⁵. Con la legislación actual, las mujeres se ven obligadas a acceder a la interrupción de forma clandestina, en situaciones insalubres y fuera del sistema público. Quienes más sufren de esta vulneración son las mujeres y niñas con menos recursos para acceder al sistema privado. En el anterior Informe Periódico Universal en 2021, los países Chequia, Francia, México y Eslovenia recomendaron la despenalización del aborto.

El Estado Paraguayo rechazó todas las recomendaciones sobre aborto, argumentando que el aborto es inconstitucional. Sin embargo, esta postura desconoce los estándares internacionales de derechos humanos que establecen que la penalización absoluta del aborto constituye una forma de violencia y discriminación de género, además de una violación al derecho a la salud, a la vida y a no ser sometidas a tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Al no adecuar su legislación, el Estado incumple su obligación de garantizar el acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva, particularmente para las niñas víctimas de abuso sexual, quienes son forzadas a continuar embarazos impuestos que ponen en riesgo su vida, salud física y mental, y proyecto de vida.

Recomendaciones

El Estado debería:

• Despenalizar el aborto en todas sus causales.
• Garantizar al acceso a la salud sexual y reproductiva a niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual en situaciones de embarazo, incluyendo el acceso a su interrupción.

La primera vez que realizamos el Juvenfest fue en 2021, en un hospital público. Teníamos muchas ganas de que esta feria colorida nos permita encontrarnos en un espacio lúdico y seguro para adolescentes donde hablar sobre sexualidad, nuestros derechos, sobre decisiones y autonomía. Pero después del primer día, el Ministerio de Salud censuró esta propuesta que debió hacerse en otros dos hospitales más.

A pesar de la sorpresa, nos reorganizamos rápidamente para llevar esta propuesta a otros espacios. Ese mismo año hicimos el Juvenfest en la plaza O’Leary, y ahí todo cambió. Llegaron cientos de jóvenes, jugamos, bailamos, participamos en talleres y nos dimos cuenta de algo muy importante: cuando nos cierran las puertas, igual encontramos la manera de romper el silencio, de encontrarnos y de ocupar el espacio público.

Desde entonces, el Juvenfest se volvió parte de nuestra historia colectiva. Por tercer año consecutivo lo llevamos hasta la peatonal de San Lorenzo, en plena primavera, rodeadas y rodeados de estudiantes, entre risas, música y curiosidad. Cada año crece, se multiplica y se llena de nuevas voces.

Lo que empezó con BECA y Somos Pytyvõhára, hoy reúne a más de 20 organizaciones de todo el país, entre ellas el Movimiento contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes y la articulación Jaku’e por la EIS, quienes fueron organizadoras del Juvenfest 2025.

Nos unimos porque sabemos que la Educación Integral de la Sexualidad no es solo un tema escolar, es una herramienta para vivir mejor, cuidarnos y decidir. En cada edición, nos organizamos para planificar conjuntamente los objetivos y la propuesta lúdica que presentaremos.. 

También reconocemos que seguimos enfrentando obstáculos. En la edición de 2023 denunciamos los materiales de “12 Ciencias” y este año levantamos la voz contra los nuevos materiales de Educación de la Afectividad y la Sexualidad en las Escuelas (EASE). Sabemos que parecen retrocesos, pero también mantenemos la esperanza porque cada año somos más quienes tenemos la convicción de exigir lo que nos corresponde.

El Juvenfest no es solo una feria: es una forma de incidencia política y social, pero también una celebración de todo lo que logramos juntas y juntos. Porque aprendimos que la EIS también se construye en la calle, en los juegos, en las risas, en las conversaciones sinceras que tenemos cuando nos animamos a hablar de lo que antes nos decían que era tabú.

Nosotras y nosotros seguimos. Seguimos creando, resistiendo y soñando. Porque de una censura, nació una fiesta. Y esa fiesta hoy es una voz colectiva que no piensa callarse.

Le exigimos al Estado que deje de mirar para otro lado. Que asuma su responsabilidad de prevenir, atender y resarcir en casos de violencia sexual. Que garantice atención psicológica y legal real, accesible y con enfoque de derechos. Que deje atrás los protocolos vacíos y las promesas sin presupuesto, y actúe con compromiso y urgencia. Exigimos justicia sin revictimización, sin burocracia que desgaste, sin impunidad que duela. Exigimos medidas de protección, seguimiento serio de los casos, condena efectiva a los agresores y centros de atención que funcionen, con profesionales capacitados. Queremos más prevención, más acompañamiento, más protección. El Estado está ausente, y esa ausencia cuesta vidas. No queremos más niñas y niños como Melania. No queremos más muertes, ni más traumas, ni más silencios. Queremos justicia, resarcimiento y garantías para que esto no se repita.

A la sociedad le decimos: no es solo un problema de quienes denuncian. Es una violencia que nos atraviesa a todos. Después de la denuncia, muchas veces no hay justicia, no hay escucha, no hay acompañamiento. Hay miedo, hay amenazas, hay instituciones que fallan, hay entornos que no creen, hay medios que exponen. Las víctimas siguen siendo cuestionadas y responsabilizadas. El silencio no protege, lo que protege es una red que acompaña, que cree y abraza. Necesitamos hablar, escuchar, acompañar y no juzgar. No minimicen los toqueteos, los comentarios, los silencios forzados. No digamos “¿por qué no denunció antes?”, mejor preguntemos “¿por qué el sistema no protegió?”. Acompañar es estar ahí en el proceso, con respeto y empatía. Es hora de ser parte de la esperanza y de las exigencias.

Y por último, a quienes han vivido y sobrevivido a la violencia sexual, les decimos: no están solas y solos. Les creemos. Les vemos. Les escuchamos. Sabemos que no es fácil, que el camino es duro y muchas veces injusto. Pero no es tu culpa, nunca fue tu culpa. La vergüenza no es tuya, es del agresor y de quienes no actúan. Ustedes son valientes, dignas y fuertes. Merecen cuidado, ternura, justicia y paz. Estamos con ustedes, para acompañar, para sostener, para luchar juntas. Denunciar es un derecho. Sanar también.

Desde el Movimiento Contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes seguimos de pie. Porque no vamos a callar. Porque ninguna niña, niño o adolescente debería atravesar el dolor que el Estado permite. Porque la justicia no puede seguir llegando tarde. Porque creemos y acompañamos.

Hoy, 9 de agosto, nos encontramos en unidad desde diferentes puntos de la región de latinoamérica, con la fuerza y convicción de que seguiremos alzando nuestras voces hasta que todas las niñas, niños y adolescentes vivan una vida libre de violencias. Les invitamos a seguir sumando más personas a esta ronda de solidaridad. Muchas gracias.

Solo el presente año, en Paraguay de enero a mayo del año 2025, el Ministerio Público atendió 1305 casos de abuso sexual en niños, es decir 8 a 9 víctimas por día. Los departamentos con más denuncias de Abuso Sexual en niños son: Central con 465 casos, Alto Paraná 176, Asunción 110 e Itapúa 102.

Esos datos solo reflejan los casos denunciados, hay muchas personas que no cuentan con las herramientas, el apoyo, ni las posibilidades para realizar la denuncia, y lo hacen tiempo después o nunca lo hacen. Existen casos de abuso sexual que fueron descubiertos solamente porque se produjeron embarazos, en consecuencia, son niñas obligadas a asumir la maternidad.  Esta es una problemática muy grave, en la cual la niñez y la adolescencia se encuentran desprotegidas ante la violencia sexual en nuestro país. Más aún considerando que el 95% de los abusos sexuales ocurren en entornos de confianza, involucrando a personas cercanas y respetadas por las víctimas, quienes deben ser un entorno seguro y de cuidado para niñas, niños y adolescentes.

Dicha problemáticas no está siendo tratada, de manera a subsanarlas. Existe un vacío en la intervención en casos de abuso sexual. Esto quedó al descubierto con el caso de Melania, niña oriunda de Yegros, Caazapá, que ha conmovido al país entero. La misma había sido víctima de abuso sexual. Su agresor había sido condenado por el delito, pero la justicia otorgó su libertad condicional, sin realizar seguimiento alguno para garantizar la integridad de la niña, pues el mismo fue a vivir a metros de la vivienda de la misma, quedando en absoluta desprotección. 

Este caso es una muestra de que las instituciones estatales no brindan atención integral a las víctimas y sobrevivientes de violencia sexual en nuestro país. Las víctimas y sobrevivientes no son asistidas para resarcir el daño, el cual puede ser físico y psicológico, pero también con un gran  impacto en su familia y su entorno social.

Mientras las políticas y leyes propuestas en el Congreso solo tienen un enfoque punitivo no se piensa en las víctimas, ¿cuáles son las políticas de resarcimiento para la persona que sufrió la violencia?

Este año la campaña del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia busca generar un compromiso colectivo en la prevención, detección temprana y denuncia del abuso sexual infantil y adolescente. Se ha avanzado en visibilizar la problemática, en instar a la denuncia y la detección temprana, pero nos preguntamos: ¿Qué pasa después de la denuncia? 

En la atención de justicia deberían haber dos caminos, la atención integral a la víctima y el proceso para el agresor. Es hora de pensar conjuntamente en cuáles son las políticas públicas necesarias para que cada niña, niño y adolescentes víctima y sobreviviente de violencia sexual pueda recibir resarcimiento, justicia y protección.

¿Qué es el Consenso de Montevideo?

El Consenso de Montevideo es el acuerdo intergubernamental más importante de América Latina y el Caribe en materia de población y desarrollo. Este acuerdo fue firmado en la primera Conferencia Regional de Población y Desarrollo que se realizó en Uruguay en 2013.

El Consenso es el documento más progresista e integral porque incorpora elementos para la implementación de políticas que garanticen los derechos humanos en temáticas como la salud sexual y reproductiva, el envejecimiento, la migración y poblaciones claves como los pueblos indígenas y afrodescendientes¹. 

Entre los compromisos también se encuentra implementar políticas públicas con enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género e interculturalidad, herramientas que hoy se encuentran en riesgo debido al ataque a través de campañas de desinformación llevadas por grupos antiderechos.

Si bien este acuerdo no está ratificado por ley, sí es un instrumento fundamental para las acciones de exigibilidad en cuanto a los DDSS y DDRR porque cada estado se comprometió autónomamente a cumplir con las recomendaciones de este documento,  , y que para abordarlos se requiere fortalecer la cooperación internacional y las alianzas mundiales, regionales y subregionales y establecer acuerdos entre países, así como enfoques innovadores que incluyen la iniciativa privada².

Los derechos sexuales y derechos reproductivos en Paraguay y sus cifras

Entre las medidas prioritarias que se tomaron en el Consenso de Montevideo se encuentra la medida B que corresponde a los “Derechos, necesidades, responsabilidades y demandas de niños, niñas,  adolescentes y jóvenes”. En este apartado, en su punto 7, se acuerda:

“Garantizar a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, sin ningún tipo de discriminación, las oportunidades para tener una vida libre de pobreza y de violencia, la protección y el ejercicio de derechos humanos, la disponibilidad de opciones, y el acceso a la salud, la educación y la protección social;”

Con respecto a esto, hoy Paraguay enfrenta varios desafíos, entre ellos la erradicación de la pobreza y la violencia. Los últimos datos demuestran que: 

• El 34,6 % (850.597) de las niñas, niños y adolescentes viven en la pobreza total y 8,5 % (209.688) viven en la pobreza extrema, según datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (2022)³.
• De enero a marzo de 2023, el Ministerio Público recibió 374 denuncias de maltrato infantil bajo tutela. En 2022, fueron 1.452 denuncias y en 2021, 1.326 casos. En promedio se reciben entre 3 y 4 denuncias todos los días.
• En cuanto a la violencia sexual, en 2022 se incrementaron entre 10 a 13 denuncias por día, en total fueron 3.804. En el primer semestre de 2023 recibieron 1.708 casos de abuso sexual. Y en 2021 fueron un total de 2.847⁴.
• La resolución 29.664/2017⁵ del Ministerio de Educación y Ciencias que “prohíbe la difusión y la utilización de materiales impresos como digitales, referentes a la teoría y/o ideología de género” también es un obstáculo para el acceso a una educación sin discriminación.

En el punto 14 de la medida B se menciona:

“Dar prioridad a prevenir el embarazo en la adolescencia y eliminar el aborto inseguro, mediante la educación integral para la sexualidad, y el acceso oportuno y confidencial a la información, asesoramiento, tecnologías y servicios de calidad, incluida la anticoncepción oral de emergencia sin receta y los condones femeninos y masculinos”.

• Actualmente, el embarazo adolescente constituye un problema social y económico importante para el Paraguay⁶ y el aborto se encuentra penalizado por la ley 3440⁷ a excepción de casos donde corre peligro la vida de la mujer. 
• Cada día, dos niñas de 10 a 14 años tienen hijos y cada una hora, dos adolescentes de 15 a 19 años dan a luz⁸. En 2020, del total de niñas de 10 a 14 años que dieron a luz, el 15,6 % correspondió a niñas indígenas⁹.
• En Paraguay, el embarazo adolescente genera pérdidas anuales de más de 703 mil millones de guaraníes (alrededor de 125 millones de dólares) en la actividad productiva de las mujeres y de 64 mil millones de guaraníes (alrededor de 11,5 millones de dólares) para el Estado¹⁰.
• Paraguay aún no cuenta con una política pública de Educación Integral de la Sexualidad.

En el punto 33 de la medida D que refiere al “Acceso universal a los servicios de salud sexual y salud reproductiva”, mencionan que se debe:

“Promover, proteger y garantizar la salud y los derechos sexuales y los derechos reproductivos para contribuir a la plena realización de las personas y a la justicia social en una sociedad libre de toda forma de discriminación y violencia;”

• Si bien se cuentan con espacios de salud sexual y reproductiva en los centros de salud pública donde se accede a una consejería y a métodos anticonceptivos, las campañas de información sobre estos espacios son insuficientes para dar a conocer este derecho. Además, los servicios exclusivamente para adolescentes aún se encuentran centralizados alrededor de la capital.
• Se niega el acceso a la ligadura de trompas por prejuicios¹¹.
• El Ministerio de Salud cuenta con la Resolución Nº 695/16 que dispone la utilización del nombre social de las personas trans en las instituciones de salud. Sin embargo, las personas trans aún cuentan con barreras culturales y de información para acceder a los servicios de salud sin discriminaciones.
• Aunque existe un proyecto de ley contra toda forma de discriminación, esta nunca fue aprobada.

En mayo de 2022 realizamos un encuentro con diversas organizaciones de la sociedad civil para analizar el cumplimiento del Consenso de Montevideo, en ella también se mencionan otros derechos que siguen sin ser garantizados. Para acceder al resumen, clic aquí.

Paraguay enfrenta una avanzada de sectores fundamentalistas religiosos y antiderechos que han llegado con representaciones hasta el poder gubernamental. Desde sus cargos han atentado contra la garantía de estos derechos en reiteradas ocasiones. Actualmente buscan eliminar la perspectiva de género en la educación y todas las políticas públicas, así como la penalización de quienes trabajen con esta herramienta.

Debido a estos intentos de retroceso y a los objetivos que aún no fueron logrados, el Consenso de Montevideo se posiciona como un instrumento necesario y urgente para hacer frente a quienes atentan contra los derechos humanos de niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas del colectivo LGBTQ.

La Feria Feminista ofreció un espacio seguro, confiable y amigable, en el que adolescentes, jóvenes y mujeres puedan encontrar información sobre sus derechos, asesoría legal y contención psicológica de la mano de las líneas telefónicas Fono Lila, EIS De Par a Par y el Consultorio Jurídico Feminista.

“Esta feria es una oportunidad de seguir acercándonos a las mujeres que nos contactan en busca de asesoramiento y orientación jurídica. Nuestro trabajo no pretende reemplazar el del Estado, sino facilitar el acceso a la justicia y que las mujeres puedan ejercer sus derechos con más conocimiento”, aseguró Mirta Moragas, del Consultorio Jurídico Feminista.

Por su parte, Daniel Ortellado, consejero de la línea EIS de Par a Par, señaló: “es un espacio en donde adolescentes y jóvenes acceden a información y orientación sobre sexualidad de manera personalizada, lúdica y participativa. Además, pueden plantear sus dudas y consultas relacionadas a las vivencias de la sexualidad».

En palabras de Eva Pereira, de Fono Lila, la atención estuvo dirigida a la orientación y contención sobre casos o situaciones de violencia de niñas, niños y adolescentes. “El objetivo de la orientación es que las personas utilicen los servicios públicos habilitados por el Estado con más conocimiento, ejerciendo sus derechos”.

La Feria Feminista tuvo lugar en la Plaza de las Mujeres (explaza Italia, Asunción), compartiendo espacio con la Feria de la Red Agroecológica.

Los servicios que estuvieron disponibles fueron gratuitos y la atención fue confidencial.

La Red de Líneas Telefónicas Feministas, lanzada en marzo pasado, está integrada por las líneas de atención Fono Lila, EIS de Par a Par, el Consultorio Jurídico Feminista y Rohendu. La misma surge por la necesidad de articular y potenciar el trabajo que cada organización realiza desde hace varios años ofreciendo servicios telefónicos gratuitos con perspectiva de derechos y con una mirada respetuosa a niñas, niños, adolescentes, mujeres y personas LGBTQ+ sobre temas relacionados a la sexualidad y las diferentes formas de violencia.

En 2017, la arremetida antiderechos desde las autoridades estatales se legitimó con la resolución 29.664 del Ministerio de Educación que prohíbe hablar de género en escuelas y colegios. A partir de esto, las organizaciones y colectivos civiles tuvimos que crear nuevas formas de resistir y lo seguimos haciendo día a día.

Hay muchas maneras de combatir la violencia hacia niñas, niños, adolescentes y mujeres, pero en BECA siempre apostamos por la prevención a través de la educación. En estas tres décadas, los programas de prevención se realizaron con los grupos de base y sus propios protagonistas: las niñas, niños y adolescentes. También trabajamos con recursos protectores como las familias, las comunidades, las y los docentes, con programas de atención y otras estrategias que continuamos mejorando desde los aprendizajes que nos da la experiencia. No nos quedamos solo con lo que ya hicimos, sino que vamos incorporando nuevas formas de defender los derechos humanos.

El Estado nos cerró las puertas, pero nosotrxs salimos a ocupar el espacio público

El martes 20 de septiembre, BECA y la organización juvenil Somos Pytyvõhára realizamos una feria alegre y educativa para que estudiantes secundarios conozcan sobre los servicios de salud amigables a su disposición y reciban información sobre sexualidad con una mirada de derechos humanos, científica y respetuosa.

La actividad se realizó en el Hospital Materno Infantil San Pablo, con total apoyo de la dirección del lugar y del Ministerio de Salud. Juvenfest, como se llamó la feria, fue una verdadera fiesta. Las y los adolescentes se sintieron escuchados y salieron felices con la información recibida.

Al día siguiente, nos comunicaron que ya no podríamos participar de las ferias que también se realizarían en los hospitales de Fernando de la Mora y el de Luque. Sin nota oficial, nos avisaron a través de una llamada telefónica y nos dijeron que fue una decisión del Ministerio de Salud.

Si el Estado nos cierra las puertas, sabemos que nos toca resistir en las calles. Y esto fue lo que hicimos. El jueves nos juntamos a pensar y armar colectivamente una nueva feria. El viernes enviamos las invitaciones a las organizaciones aliadas, salimos a invitar por las calles, convocamos a la prensa y el lunes por la mañana levantamos nuestras carpas en la Plaza O’leary, del centro de Asunción.

No podrán detener nuestra lucha por los derechos sexuales y derechos reproductivos

Desde las 10 de la mañana, más de 150 adolescentes y jóvenes de los colegios de la zona recorrieron el Juvenfest y recibieron información responsable sobre sexualidad.

Tantos chicos, chicas y chiques se acercaron a la feria porque ofrecimos lo que el Estado no les garantiza: información sobre sus derechos, un espacio seguro para hablar sin tabúes y una pedagogía amigable y divertida.

Entre colores, brillos, música y buena onda se abordaron temas sobre sexualidad como los diferentes métodos anticonceptivos disponibles, mitos y verdades, ciclo menstrual y la prevención de la violencia sexual.

Las y los adolescentes nos contaron que no reciben este tipo de información en sus colegios y que disfrutaron el espacio.

Esta es la gran deuda que el Estado paraguayo sigue teniendo con todas las juventudes.

Mientras sigan negando una Educación Integral de la Sexualidad:

• Paraguay continuará siendo el país del Cono Sur con la tasa más alta de embarazo adolescente.
• Seguirán las 7 denuncias diarias de abuso sexual.
• No parará la violencia de género.
• No seremos un país seguro para niñas, niños y adolescentes.

Lxs adolescentes siempre encontrarán formas de acceder a información sobre sexualidad, la necesidad de este derecho es innegable. El Estado ya no podrá prohibirlo u ocultarlo. Es hora de que cumpla con su deber.

Nosotrxs seguiremos luchando hasta que estos derechos sean garantizados.

Análisis del cumplimiento de Paraguay de las acciones del Consenso de Montevideo

• En relación a la Igualdad de género en el ámbito educativo, sigue vigente la resolución Riera (29.664/17), que tiene su impacto en el trabajo realizado desde BECA, porque en los colegios no dejan hablar sobre género ni sexualidad. Incluso es una cuestión paradójica; en el 2019 y 2020, desde el propio Ministerio había salido el mandato de socializar la ley integral de violencia y trabajar violencia con adolescentes, pero en contraposición no se puede hablar de género, que es lo que permite entender las desigualdades. Esto dificulta abordar la relación de poder de la violencia, sin analizar género. Esa resolución también es un obstáculo para la aplicación de la ley contra el abuso sexual, que, si bien no está reglamentada, incorpora la Educación Integral de la Sexualidad (EIS), como una herramienta de prevención a ser aplicada por el Ministerio de Educación.
• El efecto principal de la Resolución Riera, es que, aunque no se modificaron los materiales, se instaló el mensaje de que el tema género es un tabú y eso tiene un efecto paralizante en los y las docentes: como no saben cómo hacer, no hacen nada.
• La injerencia de los grupos fundamentalistas entorpece y genera retrocesos en todo lo que respecta a: EIS, igualdad de género, DDSS y DDRR, acceso a salud pública y de calidad, derechos de niñas, niños y adolescentes.
• No existe una política pública de EIS.
• Los servicios de salud para adolescentes, si bien tuvieron avances y funcionan mejor, no se hacen promociones, ni campañas, y las y los adolescentes no saben a dónde, ni a quién recurrir. La atención queda reducida a las formas (almohadones de colores, etc.) y no en la calidad del servicio que, aunque se llame amigable, en general no lo es.
• Falta de calidad y calidez en los servicios de salud. Solo brindan métodos anticonceptivos a las mayores de 18 años o las que tienen hijos. Hay negación de acceso a métodos de prevención para adolescentes.
• Los servicios de salud adolescente no tienen alcance nacional, no son funcionarios estables, en pandemia se agudizó la falta de acceso a métodos anticonceptivos. Se sigue negando, aunque existan leyes, el acceso a ligadura de trompas, y el acceso al DIU, a mujeres que no hayan tenido hijos. No hay seguimiento de estas legislaciones y su aplicación.
• El paradigma de la planificación familiar hace que los preservativos queden para este fin, no se compran ni reparten lubricantes y otro tipo de insumos que estén por fuera del paradigma del sexo heterosexual. El paradigma también implica una mayor responsabilización de la mujer en la anticoncepción.
• Pese a la existencia de unas normas de atención humanizada post aborto, persiste la mala atención y maltrato en los servicios de salud.
• Falta de acceso a la salud integral de personas trans, incluidos los servicios para hormonización.
• Falta de servicios de atención de salud mental para adolescentes, jóvenes y personas adultas.
• Preocupación sobre la capacidad del estado de absorber la demanda de atención y provisión de insumos a personas viviendo con VIH luego del retiro de la cooperación internacional.
• El adultocentrismo en los servicios de salud es imperante, sobre todo para adolescentes y jóvenes. 
• Invisibilidad del colectivo LGTBIQ+, ausencia de datos sobre la situación de los derechos de las personas LGTBIQ+.
• Invisibilidad del trabajo sexual, falta de reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. Las trabajadoras sexuales sólo son reconocidas en su salud sexual pero no en la salud integral.
• Campañas de desinformación en los casos de abusos. Periodistas difunden información no comprobada. Además de que género es un tabú, sale toda la desinformación, en casos graves, donde se instala el prejuicio. 
• Los padres y madres tampoco saben cómo abordar esto.
• Falta de políticas de prevención de la violencia sexual, especialmente de los abusos sexuales.
• Las niñas y adolescentes en situación de violencia sexual ven sus derechos vulnerados porque el sistema de justicia sólo funciona para la persecución penal y no se considera la protección de las niñas, que las vuelve objeto de prueba.
• Falta de una ley contra toda forma de discriminación.
• Incumplimiento con pueblos indígenas, que agrava la situación de los despojos y amplía la vulnerabilidad en niños y niñas y adolescentes, violencia en todo sentido.
• Existen avances en el marco legal, pero no así en el cumplimiento.
• Falta de voluntad política, porque la mirada del Estado siempre está sesgada, por ejemplo: “si trabajás la ideología de género, ya no te invitamos a participar”. Pasa en todos los niveles: municipal y nacional, no permite trabajar como organizaciones.
• Rechazo de la ley de paridad y violencia política. 
• Poca inversión en servicios de atención a mujeres en situación de violencia.
• Hubo un retroceso en este ámbito y en lo referente a la participación. Se está desconociendo a las organizaciones, y que las voces de las niñas, los niños y adolescentes sean escuchadas.
• Se dieron tímidos avances en acciones de empoderamiento económico de las mujeres desde el Ministerio de la Mujer o del Trabajo. Sin embargo, se promueve la visión del emprendedurismo, con un énfasis en la responsabilidad individual y no colectiva. Las políticas además se construyen y aplican ignorando las condiciones territoriales y de vida de las mujeres.
• La falta de políticas de cuidado: todavía no se promueve una política de cuidado, ni siquiera existe disponibilidad de centros de cuidado de niñas y niños que permitan mayor apoyo a las mujeres. Se fortalece en ese sentido una visión de fracaso individual si ellas no logran llegar con todo y no hay propuestas más integrales.

Reivindicaciones

• Que el Estado cumpla sus compromisos.
• Inversión estratégica de recursos y rendición de cuentas.
• Articulación del Estado con las organizaciones de la sociedad civil para realizar acciones conjuntas y eficaces.
• Educación para las comunidades claves LGTBIQ+. 
• Acceso a la salud sin discriminaciones.
• Que se apruebe el proyecto de ley contra toda forma de discriminación.
• Reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y recolección de datos sobre la situación de las trabajadoras sexuales.
• Atención con calidad y calidez en los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Compra y distribución de insumos.
• Derogar la resolución Riera (29.664/17) e implementar una política de Educación Integral de la Sexualidad con enfoque de derechos y género.
• Mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia e implementar políticas de prevención.

Como Sociedad nos debe interpelar lo ocurrido en el colegio de Lambaré, atendiendo a que la agresión sexual se ha cometido por niños de 12 y 13 años hacia otro niño más pequeño, en un espacio escolar. Esto devela la necesidad imperante de una Educación Integral de la Sexualidad para que niñas, niños, adolescentes y las familias cuenten con información que les permita identificar situaciones de abuso, además de fomentar vínculos de respeto y no violencia entre pares.

• Ante los hechos que han tomado estado público, desde el Movimiento de Lucha contra la Violencia Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes expresamos nuestra solidaridad con las familias afectadas e indignación por el actuar negligente de los adultos referentes, eludiendo su responsabilidad de activar los mecanismos de protección necesarios.
• Hacemos un llamado al Estado, a las familias y a la sociedad toda a tomar conciencia de que las situaciones de abusos sexuales constituyen hechos traumáticos que interfieren en el desarrollo saludable de niñas, niños y adolescentes, por lo tanto se deben arbitrar todos los medios necesarios para la prevención y cuando ya ha ocurrido tomar las medidas urgentes de protección y de reparación de los daños.
• Urge que el Estado garantice una Política Pública de Educación Integral de la Sexualidad como herramienta de promoción de los derechos y de prevención, por una vida libre de violencias. Instamos al Ministerio de Educación y Ciencias que busque los mecanismos de socialización del Protocolo de Actuación ante situaciones de violencia sexual que se constituye en el instrumento clave para activar el sistema de protección de niñas, niños y adolescentes.

INVITAMOS a todas las personas a seguir alzando nuestras voces, y participar de la marcha el SÁBADO 28 DE MAYO, en el marco del Día Nacional contra el Abuso y la Explotación Sexual hacia Niñas, Niños y Adolescentes del Paraguay, a las 9hs en la Plaza Uruguaya.

La violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes es una grave violación a los derechos humanos, específicamente a los derechos sexuales y derechos reproductivos. Atenta contra la dignidad y el derecho a una sexualidad sana y libre. Esta es una problemática que tiene un alto impacto en sus vidas, y las estadísticas demuestran la manifestación que tiene en el Paraguay.

Datos nacionales

Según datos del Ministerio Público, los casos más denunciados y con procesos judiciales se concentran en los de abuso sexual, y está seguido por otros tipos como el estupro (abuso sexual contra adolescentes), la explotación sexual infantil, proxenetismo, utilización de niñas, niños en pornografía y trata de personas con fines de explotación sexual.

El Ministerio Público (Fiscalía General del Estado) informa que del total de causas iniciadas por estos tipos de hechos punibles contra NNA (17.568 causas), entre el 2017 y el 2020, el 63,9% correspondió a casos de abuso sexual; el 15,8% a estupro; el 15,1% utilización de NNA en pornografía; el 2,7% a causas de proxenetismo y el 2,3% a situaciones de trata con fines de explotación sexual.

A pesar de las dificultades que conlleva la realización de la denuncia de los casos de abuso sexual, el Ministerio Público señala que en el año 2020 han recibido 2.706 casos de abuso sexual hacia niñas, niños y adolescentes. De ellos, el 84,2% fueron niñas y 15,5% niños. El porcentaje más alto ocurre en el rango etario de 10 y 13 años. Las cifras de las denuncias son alarmantes, se considera al menos 8 casos diarios. En el año 2021, se registraron 2.847 denuncias. De enero a abril de 2022, se registraron 885 casos de abuso sexual.

Respecto a los casos de abuso y acoso sexual online existen pocos datos sistematizados. Respecto a la pornografía, el Ministerio Público, a través de los distintos canales disponibles, recepcionó de enero a diciembre del 2020 un total de 915 casos de pornografía relativa a niños, niñas y adolescentes.

Investigaciones realizadas por UNICEF y Global Infancia dan cuenta de que la mayoría de los casos de vulneración de derechos en redes sociales afecta a NNA de 9 a 18 años y principalmente a niñas (alrededor de 5 de cada 10 casos). Además, los datos muestran que el 41,1% de los agresores son desconocidos para ellas y ellos. Otro estudio muestra que 4 de cada 20 adolescentes recibe una solicitud de sexting, y 1 de esas 4 personas acepta el pedido y envía contenido sexual propio.

La violencia sexual recae principalmente sobre niñas, adolescentes y mujeres adultas.

La intersección de estas violencias con las nuevas tecnologías

La manifestación de las diferentes formas de violencia sexual muestra rostros diversos en las que conviven estrategias tradicionales y otras nuevas. La tecnología es utilizada como herramienta para el acceso a las víctimas, a través de la misma se establece el contacto, o bien se constituye en un tipo de violencia sexual, como las estadísticas citadas anteriormente.

Abordaje institucional

BECA es una organización feminista que trabaja en la promoción de los derechos sexuales y derechos reproductivos, los derechos de la niñez y la adolescencia, y de las mujeres. Desde sus orígenes, hace 31 años, aborda la problemática de la violencia sexual hacia niñas, niños y adolescentes, desde diferentes perspectivas. 

• Prevención a través de espacios seguros de formación y empoderamiento con niñas y adolescentes.

• Atención psicosocial a niñas en situación de violencia sexual
• Capacitación de actores claves de las instituciones de protección y personas referentes adultas en comunidades.
• Educación interpar entre adolescentes y jóvenes
• Servicio telefónico gratuito FONO LILA, dirigido a niñas, niños y adolescentes para la orientación y contención en situaciones de violencia sexual.
• Incidencia social y política con campañas de sensibilización a través de redes sociales, utilizando diversas estrategias (flyers, videos, entre otras).