27 Jun ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DEL CONSENSO DE MONTEVIDEO Y REIVINDICACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARAGUAYA

Los días 10 y 19 de mayo de 2022 realizamos talleres con organizaciones feministas, LGTBIQ+ y de juventudes que defienden derechos sexuales (DDSS) y derechos reproductivos (DDRR) con el fin de analizar la situación del cumplimiento del Consenso de Montevideo y presentar las principales reivindicaciones de las organizaciones participantes de cara a la Conferencia Regional de Población y Desarrollo (CRPD), que se realizará del 28 al 30 de junio en Santiago de Chile.

Análisis del cumplimiento de Paraguay de las acciones del Consenso de Montevideo

• En relación a la Igualdad de género en el ámbito educativo, sigue vigente la resolución Riera (29.664/17), que tiene su impacto en el trabajo realizado desde BECA, porque en los colegios no dejan hablar sobre género ni sexualidad. Incluso es una cuestión paradójica; en el 2019 y 2020, desde el propio Ministerio había salido el mandato de socializar la ley integral de violencia y trabajar violencia con adolescentes, pero en contraposición no se puede hablar de género, que es lo que permite entender las desigualdades. Esto dificulta abordar la relación de poder de la violencia, sin analizar género. Esa resolución también es un obstáculo para la aplicación de la ley contra el abuso sexual, que, si bien no está reglamentada, incorpora la Educación Integral de la Sexualidad (EIS), como una herramienta de prevención a ser aplicada por el Ministerio de Educación.
• El efecto principal de la Resolución Riera, es que, aunque no se modificaron los materiales, se instaló el mensaje de que el tema género es un tabú y eso tiene un efecto paralizante en los y las docentes: como no saben cómo hacer, no hacen nada.
• La injerencia de los grupos fundamentalistas entorpece y genera retrocesos en todo lo que respecta a: EIS, igualdad de género, DDSS y DDRR, acceso a salud pública y de calidad, derechos de niñas, niños y adolescentes.
• No existe una política pública de EIS.
• Los servicios de salud para adolescentes, si bien tuvieron avances y funcionan mejor, no se hacen promociones, ni campañas, y las y los adolescentes no saben a dónde, ni a quién recurrir. La atención queda reducida a las formas (almohadones de colores, etc.) y no en la calidad del servicio que, aunque se llame amigable, en general no lo es.
• Falta de calidad y calidez en los servicios de salud. Solo brindan métodos anticonceptivos a las mayores de 18 años o las que tienen hijos. Hay negación de acceso a métodos de prevención para adolescentes.
• Los servicios de salud adolescente no tienen alcance nacional, no son funcionarios estables, en pandemia se agudizó la falta de acceso a métodos anticonceptivos. Se sigue negando, aunque existan leyes, el acceso a ligadura de trompas, y el acceso al DIU, a mujeres que no hayan tenido hijos. No hay seguimiento de estas legislaciones y su aplicación.
• El paradigma de la planificación familiar hace que los preservativos queden para este fin, no se compran ni reparten lubricantes y otro tipo de insumos que estén por fuera del paradigma del sexo heterosexual. El paradigma también implica una mayor responsabilización de la mujer en la anticoncepción.
• Pese a la existencia de unas normas de atención humanizada post aborto, persiste la mala atención y maltrato en los servicios de salud.
• Falta de acceso a la salud integral de personas trans, incluidos los servicios para hormonización.
• Falta de servicios de atención de salud mental para adolescentes, jóvenes y personas adultas.
• Preocupación sobre la capacidad del estado de absorber la demanda de atención y provisión de insumos a personas viviendo con VIH luego del retiro de la cooperación internacional.
• El adultocentrismo en los servicios de salud es imperante, sobre todo para adolescentes y jóvenes. 
• Invisibilidad del colectivo LGTBIQ+, ausencia de datos sobre la situación de los derechos de las personas LGTBIQ+.
• Invisibilidad del trabajo sexual, falta de reconocimiento del trabajo sexual como trabajo. Las trabajadoras sexuales sólo son reconocidas en su salud sexual pero no en la salud integral.
• Campañas de desinformación en los casos de abusos. Periodistas difunden información no comprobada. Además de que género es un tabú, sale toda la desinformación, en casos graves, donde se instala el prejuicio. 
• Los padres y madres tampoco saben cómo abordar esto.
• Falta de políticas de prevención de la violencia sexual, especialmente de los abusos sexuales.
• Las niñas y adolescentes en situación de violencia sexual ven sus derechos vulnerados porque el sistema de justicia sólo funciona para la persecución penal y no se considera la protección de las niñas, que las vuelve objeto de prueba.
• Falta de una ley contra toda forma de discriminación.
• Incumplimiento con pueblos indígenas, que agrava la situación de los despojos y amplía la vulnerabilidad en niños y niñas y adolescentes, violencia en todo sentido.
• Existen avances en el marco legal, pero no así en el cumplimiento.
• Falta de voluntad política, porque la mirada del Estado siempre está sesgada, por ejemplo: “si trabajás la ideología de género, ya no te invitamos a participar”. Pasa en todos los niveles: municipal y nacional, no permite trabajar como organizaciones.
• Rechazo de la ley de paridad y violencia política. 
• Poca inversión en servicios de atención a mujeres en situación de violencia.
• Hubo un retroceso en este ámbito y en lo referente a la participación. Se está desconociendo a las organizaciones, y que las voces de las niñas, los niños y adolescentes sean escuchadas.
• Se dieron tímidos avances en acciones de empoderamiento económico de las mujeres desde el Ministerio de la Mujer o del Trabajo. Sin embargo, se promueve la visión del emprendedurismo, con un énfasis en la responsabilidad individual y no colectiva. Las políticas además se construyen y aplican ignorando las condiciones territoriales y de vida de las mujeres.
• La falta de políticas de cuidado: todavía no se promueve una política de cuidado, ni siquiera existe disponibilidad de centros de cuidado de niñas y niños que permitan mayor apoyo a las mujeres. Se fortalece en ese sentido una visión de fracaso individual si ellas no logran llegar con todo y no hay propuestas más integrales.

Reivindicaciones

• Que el Estado cumpla sus compromisos.
• Inversión estratégica de recursos y rendición de cuentas.
• Articulación del Estado con las organizaciones de la sociedad civil para realizar acciones conjuntas y eficaces.
• Educación para las comunidades claves LGTBIQ+. 
• Acceso a la salud sin discriminaciones.
• Que se apruebe el proyecto de ley contra toda forma de discriminación.
• Reconocimiento del trabajo sexual como trabajo y recolección de datos sobre la situación de las trabajadoras sexuales.
• Atención con calidad y calidez en los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes. Compra y distribución de insumos.
• Derogar la resolución Riera (29.664/17) e implementar una política de Educación Integral de la Sexualidad con enfoque de derechos y género.
• Mejorar la atención a mujeres víctimas de violencia e implementar políticas de prevención.